José Miguel Insulza

La 42ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos empezó con fuertes reclamos de “refundar” el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bajo la presión de estados como Brasil, Ecuador y Valenzuela, se busca cambiar el estatuto de funcionamiento del sistema compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las relatorías con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en San José de Costa Rica.

La ofensiva orquestada por Correa y Chávez, quienes han dicho que si no logran lo que quieren se retirarán del organismo, trata de presentar al Sistema Interamericano como un sistema tutelado por Estados Unidos. Sin embargo, las actuaciones de sus diferentes componentes constituyen un referente de mucha importancia para toda la región, que cuenta con un sistema de protección que marca jurisprudencia ante los Estados en temas fundamentales como la libertad de expresión, los derechos de los pueblos indígenas, la lucha contra la desigualdad de género y contra cualquier forma de discriminación. Además, se ha convertido en un órgano de defensa de la democracia, cuya importancia es fundamental ante la debilidad de los estándares de respeto a los derechos fundamentales con los que se desarrollan muchos procesos políticos del continente.

La reforma apoyada por José Miguel Insulza busca hacer más “flexible” la relación de la Comisión Interamericana con los Gobiernos. ¿Qué significa más flexible? Según el personero hay que resolver aspectos de “incertidumbre jurídica. Su postura (influida por sus aspiraciones de ser reelegido) deja ver una absoluta debilidad para defender la efectividad de la comisión cuyo principal delito es haber fallado en contra de los Estados más fuertes de la región.

Lo que más incomoda a estos gobiernos son las atribuciones de la Comisión para aplicar medidas cautelares y llevar a los Estados ante la corte Interamericana. Es decir, la facultad de representar las vulneraciones de derechos cometidas por los Estados en contra de individuos o comunidades. Resulta pueril decir que el problema es la instrumentalización del organismo por parte de USA. Lo que no se desea es la existencia de un auténtico sistema de protección de los DDHH.

Si se impone la reforma se vulnerará la independencia de las relatorías, subordinando todo el sistema a la Asamblea General. Dejando a la comisión sin atribuciones e independencia para actuar frente a los Estados.

Si como señala el secretario general la comisión debe “escuchar a los gobiernos” no se garantizará a las personas su efectividad e independencia. Es decir se aumentara la desprotección de los individuos ante el poder.

Para Chile la actuación de la Comisión, que tanto incomoda a algunos gobiernos, ha sido fundamental para medir e impulsar avances del Estado de Derecho. Hablamos de una democracia tutelada, con amarres constitucionales que vulneran derechos básicos y donde las instituciones niegan la protección de los individuos y comunidades en ámbitos muy diversos de la vida común.Falencias frente a las cuales la comisión ha marcado hitos de mucha importancia. 

En 2001 la Corte IDH sancionó al Estado por la existencia de "censura previa" por la película "La Última Tentación de Cristo". En 2005 la Corte IDH volvió a sancionar al Estado por la censura de un libro publicado por un oficial de la Armada que fue procesado en la Justicia Militar. El juicio conocido como "Caso Palamara" obligó al Estado de Chile a reformar la Justicia Militar. En concreto se recomendó que ningún civil sea procesado por tribunales militares, y que ningún uniformado sea juzgado por tribunales castrenses por delitos no relacionados con sus funciones militares. En 2006 la Corte IDH sancionó al Estado chileno por la aplicación del Decreto-ley de Amnistía en el caso de la desaparición de Alfredo Almonacid Arellano. Entre las recomendaciones estuvo la anulación de la norma, o en su defecto, la anulación de los efectos jurídicos de la Amnistía. En el mismo año vino otra importante resolución, la Corte IDH sancionó al Estado por la denegación de acceso público a información relevante sobre la tramitación del proyecto forestal Trillium. El fallo obligó al Estado a legislar para posibilitar el acceso a la información pública y para regular la transparencia de las instituciones del Estado, o en su defecto del Poder Ejecutivo. En 2009 la CIDH por primera vez en la historia del país acogió una medida cautelar interpuesta directamente por los defensores de la documentalista Elena Varela, cuando ésta se encontraba en detención preventiva e incomunicada por un juicio sobre la existencia de una asociación ilícita delictiva, de la cual fue absuelta. Luego, en 2011 la CIDH denunció al Estado de Chile ante la Corte IDH por la aplicación de la ley antiterrorista  en contra de la etnia Mapuche. Y finalmente este año, la Corte IDH sancionó al Estado en el "Caso Atala" y lo obligó a indemnizar a la jueza junto con realizar disculpas públicas, además de educar a los funcionarios del Poder Judicial en el principio de la no discriminación y respeto a la diversidad.

A luz de los hechos no resulta dificil comprender que la reforma al sistema interamericano no es otra cosa que la venganza de gobiernos que no quieren dar explicaciones, que no están interesados en el fortalecimiento de las libertades individuales que deben ser el fundamento de toda democracia, y el punto de partida para la protección efectiva de los derechos sociales y las comunidades. El resultado será que en nombre de poderes personales se dejará más vulnerable el respeto a la dignidad humana en toda la región.

Las lecciones del pasado no han sido aprendidas.