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Los resultados de la encuesta CASEN aplicada en 2009, y publicados -hasta ahora parcialmente- por el MIDEPLAN, están dando que hablar. El apresuramiento con que el Presidente Piñera dijo en cadena nacional que la pobreza había aumentado en el periodo de Michelle Bachelet, no sólo puso en juego su credibilidad, sino que lo enfrenta directamente ante la constatación empírica del agotamiento del modelo productivo neoliberal, que -se supone- debe generar las oportunidades de movilidad social para los pobres y la clase media.

Emulando a Margaret Thatcher, el primer mandatario dijo el 21 de mayo que su gobierno quería dar un paso adelante desde el modelo de "protección social", hacia una sociedad de las "oportunidades, seguridades y valores".

En este esquema, la principal política del Estado debe ser posibilitar el crecimiento mediante la estabilidad y el control de los índices macroeconómicos (principalmente la inflación), y los incentivos a la inversión, que hagan atractivo a la iniciativa privada (el motor de la economía) emprender, generar y acumular riquezas, a la vez que se crean nuevas fuentes de empleo.

¿Pero no fue acaso esto lo que hizo la Concertación en el periodo 1990-2010? Por eso Piñera cargó la responsabilidad del aumento de la pobreza, no al manejo de la macroeconomía sino a un gasto social que, a su juicio, ha sido ineficiente y mermado por la burocracia y la corrupción.

Pero los resultados de la encuesta CASEN parecen contradecirle en todos los frentes. La política del Estado neoliberal que focaliza su gasto social en los más pobres no ha fracasado en reducir la pobreza, el problema es la desigualdad. Tampoco ha fracasado el Estado en sus estrategias por sostener el crecimiento económico, que desde el "boom de los kiwis" con Büchi, hasta las políticas contracíclicas de Bachelet, permitieron a lo largo de 25 añós suculentas ganancias al sector privado, incluso en épocas de crisis, como lo desmostraron recientemente los bancos.

¿De qué pobreza se habla cuando se habla de pobreza?

La primera distinción al hablar de pobreza, tiene que ver con la indigencia o "pobreza dura" y la pobreza "menor", que al finalizar el régimen militar ambas sumaban en las cifras oficiales el 38,6% de la población, y que luego de 20 años de políticas sociales de la Concertación se redujo a un 15,1%. Esta reducción de la pobreza en un 61% es el resultado de diferentes subsidios monetarios implementados a través de las "políticas sociales", subsidios que sin embargo, de no existir aumentarían sustancialmente la cifra.

En una publicación en CIPER Chile, Claudia Sanhueza, jefa del proyecto CASEN 2009, afirma que "el gasto social no es ineficiente sino insuficiente", por el hecho de que existe un nucleo duro del 15% que no es capaz de superar la pobreza, ni mediante el crecimiento económico ni mediante los subsidios que otorga el Estado.

Otro dato relevante a la hora de considerar es que la pobreza se cuantifica en base a los ingresos necesarios para una canasta básica que data de 1986, y que no ha sido actualizada.

Lo que se mide en palabras de Daniel Hojman, académico de Harvard, "se basa en mediciones de ingreso. Sin embargo, muchos de los programas sociales no afectan directamente el ingreso autónomo. Ejemplos incluyen la expansión de prestaciones de salud y el AUGE, el acceso a jardines infantiles, políticas de vivienda". Por ello, el especialista dijo en una columna en CIPER Chile su opinión sobre las palabras del Presidente: "no es una crítica al índice de pobreza como un indicador válido. Es una crítica del uso de ese indicador para enjuiciar políticas sociales que, por definición, no se verán reflejadas en ingresos, a lo menos en el corto plazo".

Por último, queda planteada la pregunta sobre "la movilidad descendente"o empobrecimiento de la clase media y de otros secotres, que en periodos de crisis, al quedar cesantes o disminuir sus ingresos también pueden ser la causa del aumento de la pobreza.